La Junta Directiva del Corredor Interoceánico presentó ayer la iniciativa del proyecto, y señaló que no hay ningún obstáculo para que este detenga su proceso. Empresarios y alcaldes aseveraron que el Corredor es totalmente privado, por lo que el Estado no tiene ninguna posibilidad de frenarlo, pero sí de protegerlo. 

Aunque se conoce que todavía no se han adquirido los terrenos para el proyecto, Guillermo Catalán, presidente de la Junta Directiva, señaló que al final de este año confían en que se terminarán de pagar los 3 mil 533 terrenos al mismo número de propietarios, para que el próximo año comience la construcción del megaproyecto. 

René Osorio, alcalde de Santa Catarina Mita, señaló que las negociaciones fueron directas con los propietarios, hubo acompañamiento de abogados y verificaciones del estado de las propiedades. “Los precios, ellos los pusieron, han gozado de toda la libertad”, afirmó Osorio.  De acuerdo a las utilidades que genere, los propietarios obtendrán el cinco por ciento de las acciones, aunque no todos serán beneficiados. 

Según el militar Mario García, gerente general de la Oficina de Enlace y Negocios para América Latina (Odepal), uno de los precios más altos que se pagaron a los dueños de las tierras es de Q300 mil por manzana. Sin embargo, cuando exceden del precio del mercado, no tienen derecho a acciones, aseguró.

El estatus legal de los 3 mil 533 terrenos se divide en 56 por ciento por personas que tenían derechos de posesión, y 44 por ciento que tenían registrada su tierra. 

“Hay alrededor de US$350 millones que están destinados al pago de los terrenos que conforman los 55 millones de metros cuadrados del Corredor Interoceánico, además de los pagos en impuestos, comisiones para los intermediarios en la negociación y los honorarios para quienes desarrollaron este proyecto, que suman US$100 millones más”, informó Catalán.

La opinión de los alcaldes

 “Son municipios de pobreza y extrema pobreza”. Es por ello que reciben el proyecto como un milagro de Dios”, como lo define Fabián Cortez, regidor de Conguaco, en Jutiapa.

El Corredor atraviesa el pueblo de arriba abajo, y Cortez ve esto como una bendición. Un total de 218 personas han vendido terrenos en el municipio, y aunque el monto que les pagan no se ha hecho público, para evitar extorsiones y que no se genere violencia, según el Alcalde, asegura que “será una mejora” para las familias. 

La generación de empleo, una de las promesas del Corredor, es a lo que se aferran las municipalidades. “Tal vez no se creen demasiadas plazas, pero con que nos den 50 o cien, ya sería suficiente”, comenta Cortez. 

A pesar de que los jefes ediles lo tenían claro desde el inicio del proyecto, algunos vecinos se opusieron al principio a la venta de sus tierras. “En estas cosas hay algunos que queremos ayudar, aportar, y otros tratan de interrumpir el desarrollo”, denuncia Carlos Godoy, presidente de la mancomunidad del Cono Sur. 

Proyecto cuestionado

El proyecto ha sido adversado por diputados, al indicar que no existen datos, por lo que han solicitado al Ejecutivo un informe. Analistas económicos indican que hay dudas de la viabilidad del proyecto.  Mientras que el Consejo Ecuménico manifestó la semana pasada que la obra no traerá ningún beneficio a las comunidades campesinas. 

Fuente: El Periódico

http://elperiodico.com.gt/es/20130730/pais/231883/